La Diputación de Cádiz cerró el presupuesto de 2017 con una liquidación positiva de 16´5 millones de euros. Los remanentes de tesorería para gastos generales se cifran en 30 millones. Los dos saldos citados son términos consolidados, es decir que corresponden a la actividad de Diputación y de los organismos y empresas públicas dependientes de la institución provincial. El equipo de gobierno que preside Irene García acreditó el pasado ejercicio unos óptimos grados de ejecución sobre las previsiones presupuestarias, cumpliendo el 85 por ciento de los ingresos (230 millones en cifras absolutas) y el 80% de los gastos (213 millones). El endeudamiento se fijó en un 62% de los recursos liquidados, 40 puntos menos que hace tres años cuando empezó la andadura del actual gobierno provincial y 50 puntos menos del límite legal. El ahorro neto superó el 19 por ciento.
Los datos citados han sido expuestos por el responsable del área de Servicios Económicos de Diputación, Jesús Solís, para confirmar el cumplimiento de todos los parámetros legales que acreditan la salud económica de una entidad pública: estabilidad económica, regla de gasto y límite de endeudamiento. Solís ha destacado que esos registros no responden a una visión austera del ejercicio político, sino todo lo contrario: Hemos llevado al límite el gasto imputable que nos autorizaba el Ministerio de Hacienda. Diputación, conforme a las exigencias de la normativa estatal, podía asumir un gasto máximo de 172 millones de euros, y en una decisión casi de ingeniería contable hemos podido invertir 170 millones. El responsable de Servicios Económicos ha aprovechado esta rendición de cuentas para insistir en una reivindicación que las entidades locales reclaman ante el Ministerio de Hacienda: la opción de destinar todo superávit y remanente positivo en inversiones que necesite la ciudadanía.
Jesús Solís considera que el gobierno de Diputación se caracteriza por ser expansivo en las inversiones públicas. En tres años se han emprendido cuatro planes de cooperación local que han agrupado un saldo de 17 millones de euros, así como dos planes Invierte que suman 24 millones. Ambos programas están sostenidos exclusivamente con superávit y remanentes de Diputación, al objeto de propiciar contrataciones, servicios públicos de calidad para los municipios y faena para empresas locales de la construcción. Esos beneficios sociales podrían ampliarse si el Ministerio de Hacienda abandonara los criterios austericidas y no penalizara a las entidades locales.
La liquidación del presupuesto ha coincidido con la obtención del periodo medio de pago (PMP) del mes de abril y que se ha tasado en 59 días, según consta en un informe de la Tesorería de Diputación que ya se ha remitido a la Junta de Andalucía en calidad de órgano de tutela. Con este dato se disipa la amenaza de retención sobre los ingresos procedentes de la Participación en los Ingresos del Estado, según ha confirmado Solís en referencia a las manifestaciones emitidas desde el Ministerio de Hacienda. Nuestro próximo objetivo, tras normalizar el periodo medio de pago, será bajar de 30 días tal como conseguimos en el primer semestre de 2017.
El responsable de Servicios Económicos ha recordado que el PMP se desvió en septiembre de 2017, al tener que reconocer más de 350 facturas de proveedores que no estaban conformadas con un saldo de 1´5 millones de euros por servicios encomendados por el anterior gobierno de Diputación. Facturas que al ser de años anteriores engrosaban sensiblemente el promedio de pago. Esa circunstancia, según ha descrito Solís, se explicó públicamente a los medios de comunicación, a la oposición y al Ministerio de Hacienda, indicando que en abril normalizaríamos la situación, tal como se está cumpliendo. Frente a esas aclaraciones sólo encontramos sectarismo y reiteradas peticiones de dimisión.
